La presunción de inocencia es un principio jurídico sagrado. La política opera al revés: se presume culpable a TODO denunciado, lo cual abre la puerta a las famosas "operaciones" mediáticas. El secreto del sumario está diseñado para impedirlas, pero se lo viola constantemente.
El gobierno prefiere afrontar el costo que sea antes de ceder a la extorsión, porque ve en la firmeza de carácter la única manera de desalentarla. Ello parece racional: si bastara una denuncia, bien planteada en la justicia y mejor difundida por la prensa, para forzar una renuncia, cualquier interesado podría abusar de la prensa y la justicia para tener al gobierno en sus manos.
La gente... bueno, "la gente es mala y comenta", como reza la sabiduría popular. El debate público, tan necesario para la democracia, se va degradando hasta reducirse al chisme. El país se distrae de lo importante, se paraliza en su evolución y se perjudica en lo productivo.
El tema se zanjaría con un poco de ética por parte de denunciantes y denunciados. Como de eso aquí no hay, nadie se ha sabido ganar un prestigio suficiente como para no quedar, junto con todos los demás protagonistas, a tiro de sospecha, "en el mismo lodo, todos manoseáus". Ni los políticos ni los periodistas gozan de una credibilidad tal que los haga intachables. Todos tenemos la sensación que los unos y los otros nos roban y nos mienten cuanto pueden... y a veces bastante más.
No es entonces nada extraño que el pueblo, huérfano, no sepa a quién creer...y entonces vote a los bandazos, cuando vota.
