Casi nadie discute que hay que sostener al estado, proveedor de bienes esencialmente públicos.
Más o menos, en orden de esencialidad, serían:
1. Sufragio de las instituciones de los tres poderes del gobierno, de los procesos electorales, etc.
2. Defensa-diplomacia, porque son el ejercicio directo y organizado de la soberanía del pueblo de la nación, tema colectivo por definición.
3. Salud, porque el contagio hace de la enfermedad un problema de todos..
4. Educación, porque la ignorancia degrada la convivencia social y la democracia.
En estos dos últimos casos está la opción de financiar la demanda, no sólo la oferta.
5. Infraestructura, con financiación, ejecución y gestión privada, si las hay.
6. Acción social, porque la paz social requiere remediar los casos extremos de necesidades básicas de los marginados por el mercado: niños y viejos abandonados, discapacitados físicos, mentales, culturales, etc.
Para financiar los bienes públicos mencionados, y alguno más o menos que los representantes de los contribuyentes elegidos democráticamente resuelvan agregar o descartar, es aceptable obligar a los miembros aptos y productivos de la sociedad a contribuir progresivamente según su riqueza.
De allí a una forzosa redistribución igualitaria de los ingresos y de la riqueza como si ésta fuera un maná caído del cielo en el regazo de sus propietarios por pura casualidad hay un abismo. Un abismo capaz de tragarse los incentivos de la competencia, la innovación y el ahorro.
Banquetearse las gallinas de los huevos de oro lleva inexorablemente al hambre.
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