PLANES "PIQUETEAR"

PLANES "PIQUETEAR"

Los planes se llaman "TRABAJAR", no "rascarse" y menos "piquetear". Quien está en un piquete en horario de trabajo, es evidente que no está cumpliendo su contraprestación y que por ende se le DEBE sacar el plan. Los funcionarios están para aplicar la ley, no para ser tolerantes y generosos con la plata de los contribuyentes.

Lo terrible es que los recursos salgan del fondo destinado a pagar las verdaderas jubilaciones. Las prestaciones sociales debieran salir de Rentas Generales. Lo mismo vale para las "jubilaciones" sin aportes.

Está todo tan corrupto que el "trabajo" del Plan Trabajar es hacer piquetes para pedir más planes, asignaciones, aumentos, aguinaldo, vacaciones, etc. Quienes los manejan, dan y quitan los planes a quienes no les cumplen. A sus cómplices les dan varios planes, de modo que el grupo familiar pueda sobrevivir, malamente en general. Son la hez de los punteros políticos y de los malos dirigentes sociales, como D'Elía, Pérsico, Esteche, etc.

Tampoco creo que los piqueteros consuetudinarios sean ya empleables, por incapacidad y por deformación del carácter. La solución es auditar muy bien las contraprestaciones en trabajo y sobre todo en capacitación, especialmente en oficios para trabajo independiente (plomeros, electricistas, etc.).

Las marchas son un ejercicio de impotencia. Hay un gigantesco dispositivo nacional, provincial y municipal de juzgados, ministerios y autoridades varias. Si cumplieran sus funciones, toda reclamación legítima sería escuchada y resuelta. El intento de extorsión es otra cosa... que por lo visto, tampoco funciona: si hay varias marchas semanales es porque a nadie mueven.

Los contribuyentes y los beneficiarios por igual están hartos de ver que SOLAMENTE UN TERCIO de los pagos llega a los beneficiarios. Uno de los dos tercios restantes se lo llevan los punteros como un porcentaje sobre los planes que manejan. El otro tercio va a una sarta de delincuentes que usan "cartones", o sea identidades falsas creadas para quedarse directamente con la totalidad de las prestaciones.

Semejante escándalo lo denunció el ex-Senador Jorge Yomha por televisión, sin reacción judicial, administrativa ni política alguna. La reacción electoral se hizo sentir el 14 de noviembre de 2021...

La obligación de capacitarse o producir es esencial para romper el círculo vicioso de pobreza, sacándolos de su marginalidad, que los hace "prescindibles", o sea inservibles y por ende inempleables.

Administrados como están, los planes profundizan y perpetúan el problema, corrompiendo con el clientelismo político a los beneficiarios que debieran redimir. Lo lamentable es que haga falta y lo triste es que no va a alcanzar.

En cuanto los beneficiarios de todos esos fondos se capacitaran, sea mediante algunos cursos, sea en el trabajo mismo, se tornarían productivos. Los aportes que reciben estarían más que compensados por el fruto de las tareas que realizarían, de modo que ya no serían una carga para el resto de la población.

Tarde o temprano los beneficiarios ingresarían en la economía general. Conseguirían un empleo genuino o montarían alguna actividad por cuenta propia, con todo el apoyo estatal del caso. Entonces sus ingresos se equipararían a los de cualquier trabajador, muy superiores por definición al monto de un Plan.

El Estado podría financiar la inversión productiva para aumentar la oferta de trabajo que genere riqueza. Financiar el consumo sin aumentar la producción es generar inflación y, con ella, pobreza.

Dicho proceso de integración social se trunca al mantenerlos en la ociosidad que los margina, para seguir explotándolos como militancia rentada. Otra buena idea mal aplicada por el contexto de corrupción generalizada en todos los niveles de la sociedad.